Se retoma la discusión sobre la ley penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad a 14 años. Se cuestiona la demora del Estado en implementar la normativa, a pesar de haber sido votada y promulgada hace 180 días.
Se resalta que la ley requiere inversión, capacitación de personal y adecuación de infraestructura, aspectos que, según la jueza, aún no se han cumplido. Se plantea la preocupación de que, durante este período de implementación, menores de 14 años que cometan delitos no enfrenten consecuencias penales, lo que podría generar un aumento de la delincuencia.
Se menciona la posibilidad de que esta situación genere un incremento en el ingreso y permanencia de personas privadas de la libertad, aunque se aclara que será un proceso progresivo. La jueza advierte sobre la necesidad de evitar el hacinamiento y la vulneración de derechos.