La baja de la edad de imputabilidad en dos años implica un aumento del trabajo en las fiscalías. Anteriormente, los menores de 16 años inimputables podían ser sobreseídos o recibir medidas de seguridad. Ahora, serán pasibles de ser procesados.
El fiscal explica que, aunque sean procesados, no significa que todos serán detenidos, ya que se aplica la ley procesal que establece las condiciones para la privación de libertad. Aclara que no puede decidir qué norma aplicar y cuál no, ya que está obligado a hacerlo por juramento constitucional.
Respecto al aumento de delitos, el fiscal indica que el delito es una constante y que el sistema penal busca pacificar conflictos, dando respuesta a víctimas y a la sociedad. El trabajo judicial a menudo se enfoca en la respuesta a la víctima y la reparación.
Se menciona que el derecho penal tiene una función pacificadora y que, aunque el hecho ya ocurrió, se busca aplicar justicia. Se aclara que no todos los casos resultan en condenas o prisión, y que existen salidas alternativas no privativas de la libertad.