Se debate la viabilidad del pedido de juicio político contra la magistrada que suspendió la ley penal juvenil.
Se apela al sentimiento de las familias de las víctimas de menores, argumentando que "si hay un crimen tiene que haber un castigo", y se tacha de "demagogia del discurso" la postura de la jueza, quien supuestamente se expresó "con tiza de la ley".