Marco Gómez, padre de una joven víctima de un delito cometido por un menor, criticó duramente la suspensión de la ley de imputabilidad por parte de la jueza Marta Pascual en la provincia de Buenos Aires.
Gómez expresó sentirse "burlado" y cuestionó la falta de transparencia respecto al presupuesto asignado a la ley, exigiendo que se muestren los papeles que justifiquen la supuesta falta de recursos. Sostuvo que la suspensión de la ley deja a los ciudadanos desprotegidos y que la delincuencia juvenil no puede ser tratada con liviandad.
El padre de la víctima enfatizó que la solución no reside únicamente en la ley, sino en la generación de conciencia y en la responsabilidad individual y familiar, aunque reconoció la complejidad del problema y la necesidad de abordar las causas profundas de la delincuencia.