Se informa sobre los pedidos de juicio político contra la jueza Marta Pascual por su decisión de suspender la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, lo que se considera una extralimitación de sus funciones como jueza provincial.
Se menciona que Guillermo Montenegro, ex juez federal e intendente, presentó uno de los pedidos de juicio político, y se espera que otros sectores políticos también lo hagan.
Se argumenta que la jueza está intentando afectar una ley nacional dictada por el Congreso, invadiendo las competencias del poder legislativo.