José Luis Cerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, cuestiona la implementación de la ley de imputabilidad. Si bien reconoce la necesidad de debatir el régimen penal juvenil, critica la forma en que se aprobó la ley, considerándola apresurada y con fallos técnicos. Señala que el plazo de 180 días es insuficiente para adaptar las estructuras necesarias en la provincia, que concentra un alto porcentaje de jóvenes privados de libertad.
Cerillo enfatiza que la provincia de Buenos Aires está trabajando en un ambicioso plan de obras para mejorar la infraestructura de los institutos de menores, incluyendo la inauguración de nuevos módulos y la recuperación de edificios deteriorados. Argumenta que la implementación de una ley de esta magnitud requiere tiempo y planificación, y que el plazo establecido por el gobierno nacional no es realista.