Se cuestiona la falta de construcción de cárceles y la insuficiencia de recursos en la provincia de Buenos Aires para implementar la ley penal juvenil. Se menciona que la capacidad actual de alojamiento para menores es de 700, mientras que con la ampliación de la edad de imputabilidad serían necesarios 3.000 lugares.
Se señala que la jueza se equivoca al considerar que no hay suficientes plazas, ya que la ley contempla penas alternativas a la prisión. Se enfatiza la necesidad de que las provincias adapten su legislación y recursos para cumplir con la ley, y se critica la falta de continuidad política en estas cuestiones.