Se cuestiona la postura de la provincia de Buenos Aires respecto a la aplicación de la ley penal juvenil, ya que no solicita fondos a la Nación, a diferencia de otras provincias como Mendoza y Santa Fe.
Se destaca que el 70% de los delitos en Argentina se cometen en territorio bonaerense, lo que subraya la urgencia de implementar la ley y la necesidad de abordar la problemática de la delincuencia juvenil en la provincia.