Se reclama la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre de 2026, hasta diciembre de 2027.
Se denuncia el incumplimiento de la ley actual y la falta de actualización en las prestaciones, lo que pone en riesgo la salud, educación e integración de las personas con discapacidad. Varios centros terapéuticos están cerrando por falta de pago a los prestadores.