Se especula sobre la posible renuncia de la jueza Marta Pascual, sugiriendo que sería un gesto de dignidad humana ante la controversia generada por sus fallos. Se menciona que la jueza basa su postura en su experiencia en el fuero juvenil penal.
Pascual sostiene que las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos no se respetan, lo que podría acarrear consecuencias negativas para la sociedad. Sin embargo, se cuestiona si su experiencia es suficiente para justificar su posición actual y si no debería haber consultado previamente el estado de situación.