La jueza expresa su preocupación por el impacto inmediato que la nueva ley penal juvenil podría tener, al aumentar la cantidad de adolescentes que cometen delitos y no son procesados penalmente. Señala que la falta de infraestructura y la inadecuación de los sistemas de detención preventiva son problemas centrales.
Gustavo complementa la información con datos sobre la sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires, indicando que las 61 cárceles bonaerenses tienen una sobrepoblación del 61,02%. Esto agrava la situación, ya que no hay lugar para albergar a los menores que cometan delitos, incluso si la ley los requiriera.
Se plantea la disyuntiva entre dejar a los menores en la calle, expuestos a seguir delinquiendo, o meterlos en un sistema penitenciario ya colapsado, lo que podría generar más problemas. La jueza enfatiza la necesidad de no esperar a que se produzcan violaciones graves de derechos para actuar.