La ley de baja imputabilidad, suspendida por 60 días en la provincia de Buenos Aires, genera controversia. Existen denuncias contra la jueza que tomó la medida y pedidos de juicio político. Manuel Pasaglia, diputado provincial, y Alfredo Drogli, exjuez de La Matanza, son algunos de los que han manifestado su postura.
La jueza argumenta que no están dadas las condiciones para la implementación de la ley en los centros de encierro penal juvenil de la provincia, lo que genera un debate sobre la efectividad y viabilidad de la medida.