Se critica la suspensión de la ley penal juvenil por considerarla una "violación a la separación de poderes" y una forma de generar impunidad. Se cuestiona que la jueza priorice el supuesto dolor de un menor sobre el de una madre que pierde a su hijo por la delincuencia.
Se argumenta que la jueza está "futurizando" una situación que no ocurre y que la suspensión de 60 días abre un abanico de impunidad. Se subraya la necesidad de aplicar la ley y no justificar la inoperancia estatal con medidas que perjudican a la sociedad.