Se cuestiona qué se le dirá a las víctimas de delitos ante la suspensión de la ley penal juvenil y el riesgo de que los delincuentes queden impunes. Se advierte sobre la posibilidad de que la jueza se haga responsable de lo que suceda en los próximos 60 días.
Se critica la decisión de la jueza como una violación a la separación de poderes y se la acusa de priorizar el "dolor de un menor mal detenido" sobre el de una madre que pierde a su hijo. Se subraya que la jueza está hipotetizando una situación que no necesariamente ocurrirá.