Se critica a la jueza Marta Pascual por su postura de aplicar penas leves y por no haber propuesto alternativas al encierro de menores infractores, como la mejora de los institutos de menores. Se argumenta que, al no hacerlo, estos institutos se convierten en "fábricas de delincuentes".
Se la acusa de tener "cara dura" por su posición y se la insta a que, en lugar de solo suspender la ley, hubiera trabajado para obligar al Estado Provincial a mejorar el sistema de reclusión juvenil.