Se critica la falta de avance en la instalación de inhibidores de señal en las cárceles para combatir el "coworking delictual" y se señala la resistencia de la Provincia de Buenos Aires a quitar celulares a los presos por motivos políticos.
Se enfatiza que la política criminal debe ser fijada por el Congreso y cumplida en todo el país. Se recuerda que, incluso antes de la ley de imputabilidad juvenil, los menores de 14 o 15 años que cometían delitos graves eran internados en establecimientos especiales.