Se cuestiona la postura de la jueza Marta Pascual, quien se jacta de aplicar las penas más leves en la provincia de Buenos Aires, argumentando que el sistema penitenciario no es efectivo para la resocialización. Se la acusa de tener una posición "pseudo garantista, abolicionista" y de corresponsabilidad social en los delitos cometidos.
La jueza, por su parte, defiende su resolución, indicando que no discute la baja de la edad de imputabilidad, pero sí las condiciones de infraestructura del sistema, que considera inadecuadas. Se menciona que el 16 de septiembre se realizará una audiencia clave donde la jueza decidirá si mantiene la suspensión del régimen penal juvenil.