La jueza Marta Pascual ha sido cuestionada por sus decisiones respecto a delincuentes juveniles, minimizando la ley de imputabilidad y mostrando una postura contraria a la misma.
Según testimonios, la jueza Pascual amenazaba a policías que trasladaban menores a comisarías y bajaba las penas solicitadas por fiscalía a jóvenes de 16 y 17 años que cometían delitos.
Se la critica por favorecer una "justicia restaurativa" en lugar de la tradicional, llegando a justificar un caso de homicidio como un "accidente" y minimizando la intencionalidad del delincuente.