Se debate la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires y la suspensión de su aplicación por parte de la jueza Marta Pascual. Se señala que la ley, aunque debatida y aprobada en comisiones, carece de la infraestructura necesaria para su implementación efectiva, especialmente en lo que respecta a la contención y resocialización de menores infractores.
Expertos indican que el sistema penitenciario y los institutos de menores están colapsados y no tienen capacidad para albergar a la nueva ola de jóvenes que podrían ser detenidos. La falta de planificación por parte del poder ejecutivo y la supuesta connivencia de funcionarios son criticadas como causas de la inacción y el avance del delito en la provincia.