Se debate sobre el destino de los menores delincuentes, planteando la necesidad de institutos de resocialización en lugar de cárceles.
Se señala la falta de infraestructura adecuada para llevar a cabo esta resocialización, incluso en plazos de 180 días.
Se cuestiona la viabilidad de construir nueva infraestructura en tan corto tiempo, lo que pone en duda la efectividad de las medidas propuestas.