Se denuncia la persistencia del uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, lo que facilita la extorsión y la organización de delitos. Se critica la falta de acción de las autoridades para solucionar este problema, a diferencia de lo ocurrido en cárceles federales donde se implementaron medidas más estrictas.
Se especula que esta inacción podría deberse a intereses políticos, como la obtención de votos o la negociación con presos de alto perfil. Se hace un llamado a la clase política y a la sociedad para exigir la prohibición del uso de celulares en las cárceles bonaerenses, argumentando que la falta de control genera un entorno propicio para la delincuencia y la corrupción.