Se revela una interna política y judicial en la provincia de Buenos Aires en torno a la suspensión de la ley de imputabilidad de menores. La jueza Marta Pascual, criticada por su postura, se vería aislada ante la falta de apoyo del gobierno provincial y la reacción de otros fiscales.
Se sugiere que esta interna perjudica a la población, que sufre las consecuencias de la inseguridad mientras los funcionarios se centran en disputas de poder. La falta de empatía y la desconexión con la realidad de los ciudadanos son aspectos destacados, así como la inoperancia de algunos jueces y la posible complicidad en la falta de seguridad.