Se debate la postura de una jueza que cuestiona la nueva ley de imputabilidad juvenil, argumentando que es desproporcionada y que las cárceles no están preparadas para albergar a los jóvenes delincuentes. La jueza propone un enfoque de "justicia restaurativa", priorizando la rehabilitación y el acompañamiento de los jóvenes en lugar del castigo.
Esta postura ha generado controversia, ya que muchos consideran que la jueza minimiza la gravedad de los delitos cometidos por menores y protege a los delincuentes en lugar de a las víctimas. Se cuestiona su interpretación de la ley y su posible parcialidad.
El debate se centra en la efectividad de las medidas punitivas frente a enfoques más sociales y de reinserción, así como en la autonomía de los jueces para aplicar o suspender leyes consideradas inconstitucionales o desproporcionadas.