Se debate la legitimidad del fallo de la jueza Marta Pascual sobre la ley penal juvenil. Se argumenta que la jueza no puede invalidar una ley del Congreso, ya que esto excede sus atribuciones y viola la división de poderes en un sistema republicano.
Se critica la decisión de la jueza, calificándola de "disparate" y señalando que su función es hacer cumplir la ley, no suspenderla. Se menciona que la jueza, con experiencia en temas de delincuencia juvenil, no debería haber tomado una resolución de esta naturaleza. Se cuestiona la aplicación de la ley y las condiciones para la misma.