El debate se centra en la postura de la jueza Pascual respecto a los delincuentes juveniles. Se cuestiona si es correcto llamar "delincuente" a un delincuente y se enfatiza la necesidad de educación y socialización en lugar de penas duras.
Se argumenta que la jueza, al igual que otros "garantistas", tiende a culpar al Estado por la delincuencia juvenil. Se cuestiona la falta de calidad en la educación pública y se plantea que el problema no es la jueza en sí, sino la perspectiva que minimiza la gravedad de los delitos cometidos por jóvenes.