Se analiza la falta de pronunciamiento de Kicillof ante el fallo de la jueza Pascual, interpretándolo como una posible defensa de los delincuentes en lugar de las víctimas. Se introduce el testimonio de Diego Santilli, quien reafirma su postura y sugiere que el gobernador responderá.
Se plantea que la jueza Pascual, al no poder declarar la inconstitucionalidad de la ley penal juvenil, recurre a un habeas corpus para evitar su aplicación, lo que demuestra una clara oposición a la normativa.