Se cuestiona la actitud de la jueza Marta Pascual, quien se jacta de aplicar las penas más bajas de la provincia de Buenos Aires. Se considera que esta práctica no es motivo de orgullo, ya que debería contemplarse también el derecho de las víctimas y la necesidad de impartir justicia.
Se menciona que existe un pedido de renuncia para la jueza, y se la tilda de tener "cara dura" por su postura. Se la invita a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones y la importancia de garantizar la seguridad ciudadana.