Se critica la postura de la jueza Pascual, sugiriendo que su resistencia a implementar la ley penal juvenil se debe a su deseo de legislar y a su desacuerdo con el gobierno. Se menciona que esta actitud podría ser frustrante para los legisladores que aprobaron la ley.
Se plantea la hipótesis de que la jueza no está actuando sola, sino que responde a un mensaje político, y se señala la falta de pronunciamiento de Kicillof al respecto. Se sugiere que la jueza podría estar "rosqueando" desde su cargo para oponerse a la ley.