Se critica la estrategia de la jueza Pascual de interponer un habeas corpus para evitar la aplicación de la ley penal juvenil, argumentando que no pudo declararla inconstitucional. Se menciona la posible intervención del Padre Pepe en el proceso.
Se cuestiona la falta de empatía de la jueza hacia las víctimas, contrastándola con su aparente preocupación por los victimarios. Se sugiere que su accionar es una forma de "rosquear" y oponerse a la ley desde su cargo judicial.