Se cuestiona la inclinación de la jueza Pascual a legislar y su discrepancia con las leyes vigentes, especialmente aquellas relacionadas con la edad de imputabilidad. Se compara su postura con la de otros países y se la tilda de "garantista".
Se argumenta que, para la jueza y otros "zaffaronistas", el Estado falló en su rol de educar y socializar a los jóvenes, lo que lleva a la delincuencia. Se critica la falta de calidad en la educación pública y se pone en duda la efectividad de las medidas socioeducativas propuestas por la jueza.