La jueza Marta Pascual, a cargo del juzgado de responsabilidad penal juvenil de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires. Esta medida ha generado gran controversia y críticas por parte de especialistas y políticos.
Se cuestiona la decisión de la jueza, tildada de "progresista" y "abolicionista", por considerar que su postura favorece a los delincuentes juveniles y pone en riesgo la seguridad de la sociedad. Se argumenta que la provincia de Buenos Aires sufre una inseguridad galopante y que la inacción del gobierno provincial, con la complicidad del gobernador Kicillof, ha permitido el avance del delito.
Expertos señalan que la ley, si bien intentaba abordar el problema de la creciente participación de menores en delitos graves, no contempló la infraestructura necesaria para la contención y resocialización de los jóvenes infractores. La falta de inversión en seguridad y la supuesta connivencia entre funcionarios y el narcomenudeo son otros puntos criticados.