Se discute la implementación de la ley penal juvenil y la transferencia de fondos a las provincias para adecuar la infraestructura necesaria.
La jueza advierte que los plazos para la transferencia de recursos no se cumplieron, mientras que otros argumentan que la ley está vigente y debe ser cumplida.
Se señala que las provincias no han recibido los fondos comprometidos por el Congreso, lo que dificulta la adecuación de la infraestructura para la recepción de jóvenes.
Se cuestiona la competencia de la jueza para tomar la medida y se sugiere que debería haber emplazado al gobierno provincial para reclamar los fondos a Nación.