El presidente Javier Milei ordenó bloquear cualquier regulación sobre la morosidad, argumentando que se trata de un problema entre privados en el que el Estado no debe intervenir. Esta decisión se da tras la sesión en la que se emplazó a las comisiones a emitir dictamen antes de fin de mes.
El oficialismo buscará que el proyecto a debatir no implique gastos extras ni impacto fiscal. La postura del gobierno se alinea con su visión de un Estado limitado y la promoción de la autonomía de las partes en las transacciones comerciales.