El debate sobre el régimen penal juvenil y la edad de imputabilidad se intensifica. Mientras algunos sectores abogan por bajar la edad a 14 años, otros, como la jueza Pascual, defienden posturas más garantistas. Se critica la falta de avances en medidas de seguridad en las cárceles, como la inhibición de señal para evitar el uso de celulares.
Se señala que la política criminal debe ser definida por el Congreso y no por las provincias, y se critica al kirchnerismo por, supuestamente, favorecer a los delincuentes. La perspectiva de las víctimas es un argumento recurrente en el debate, exigiendo justicia ante la impunidad de menores que cometen delitos graves.