Se expone la desventaja de la "gente de bien" frente a los delincuentes, quienes cuentan con armas del mercado negro, mientras los ciudadanos honestos enfrentan restricciones para portarlas.
Se menciona el artículo 34 del Código Penal y la habilitación para la legítima defensa, pero se subraya la dificultad de aplicarla ante la falta de paridad en los medios empleados.