Se critica la postura del gobierno, y en particular del presidente, respecto a la situación de los endeudados. Se enfatiza que el acceso al crédito, ya sea para comprar un bien duradero como un televisor o para cubrir necesidades básicas, se realiza a través de un acuerdo entre privados, donde intervienen un prestamista y un deudor.
Se cuestiona la lógica gubernamental que parece deslindarse de responsabilidad al calificar estas transacciones como "acuerdos entre privados" y se señala la perversidad de este enfoque, especialmente cuando se trata de personas que buscan financiamiento para cubrir gastos esenciales y no para bienes suntuarios. La crítica apunta a que el Estado, en lugar de proteger a los ciudadanos, los deja expuestos a intereses supuestamente usureros.