Expertos debaten sobre la legítima defensa y la necesidad de actualizar el Código Penal argentino, actualmente obsoleto (de 1920). Se critica la interpretación judicial de los hechos y la falta de proporcionalidad en la aplicación de la ley, lo que genera un calvario para quienes se defienden.
Se expone la problemática de quienes, ante un riesgo inminente para su vida o la de sus familias, se ven obligados a usar armas. A pesar de actuar en legítima defensa, enfrentan procesos judiciales prolongados, necesidad de costear abogados y la incertidumbre de un juicio por jurados. Se menciona el caso de un hombre que, tras defenderse, murió de angustia, y el de Villar Cataldo, como ejemplo de las dificultades.
Se subraya la importancia de que el Código Penal sea actualizado para reflejar la realidad actual y aumentar las penas para delitos de inseguridad. Se cuestiona la lógica garantista que, según algunos, revictimiza al delincuente y minimiza el sufrimiento de las víctimas. La reforma del código penal, a cargo del doctor Boric, es vista como un paso necesario para brindar mayor seguridad y justicia.