Se debatió la nueva ley de imputabilidad penal para menores de 16 años, celebrando su aprobación como un primer paso necesario ante el temprano inicio de la delincuencia. Sin embargo, se planteó la necesidad de abordar causas más profundas, como la influencia del narcotráfico y la falta de oportunidades en los barrios, que llevan a jóvenes de 14 años a portar armas.
Se criticó la postura de la jueza Pascual sobre la "justicia restaurativa", comparándola con modelos como el maorí en Nueva Zelanda, y se la acusó de estar desconectada de la realidad de los barrios argentinos. Se argumentó que este enfoque, que busca el arrepentimiento del infractor, podría ser un absurdo ante delitos graves.
Se planteó la diferencia entre la teoría de la justicia restaurativa y la realidad argentina, donde la falta de recursos y la inseguridad son problemáticas urgentes. Se enfatizó la responsabilidad de la política en la creación de planes de trabajo y en el cuidado de las infancias para prevenir la delincuencia.