La organización "Usina de Justicia", representada por Fernando Soto, denunció a la jueza Marta Pascual por usurpación de funciones y abuso de autoridad. La denuncia se suma al debate sobre el fallo que suspendió el régimen penal juvenil.
Soto considera la resolución de la jueza como "desafortunada" y se presentará a ratificar la denuncia. La jueza Pascual, por su parte, defiende su criterio garantista, argumentando la protección de derechos constitucionales de los jóvenes.
La situación podría intensificarse con posibles pedidos de juicio político contra la jueza, sumado a la denuncia de Usina de Justicia.