El Tribunal Supremo de España suspendió los efectos electorales de la Ley de Nietos. Esto impedirá que cientos de miles de personas que obtuvieron la ciudadanía española a través de esta ley puedan formar parte del censo electoral de residentes en el extranjero.
La medida se aplicará a menos que puedan probar fehacientemente que sus familiares directos (padres o abuelos) sufrieron persecución y se exiliaron durante el período estipulado por la ley. La decisión responde a disputas sobre la supuesta laxitud del gobierno al otorgar la ciudadanía, sin distinguir suficientemente entre exiliados por persecución y migrantes económicos.