El Tribunal Supremo de España suspendió los efectos electorales de la Ley de Nietos, impidiendo que cientos de miles de personas que obtuvieron la ciudadanía española a través de esta ley puedan figurar en el censo electoral de residentes en el exterior.
La medida afecta a quienes no puedan probar fehacientemente que sus familiares obtuvieron la nacionalidad por persecución política y no por razones económicas. La oposición considera que hubo laxitud en la aplicación de la ley, que originalmente buscaba amparar a exiliados.