Se analiza la estrategia política detrás del caso de la jueza y la inseguridad, sugiriendo que tanto la oposición como el gobierno podrían estar utilizando la situación para su beneficio electoral. Mientras la oposición se enfoca en la imputabilidad de menores, el gobierno capitaliza la preocupación por el orden en la calle.
El fallo de la jueza, al generar controversia, termina favoreciendo al gobierno al mantener el tema de la seguridad en primer plano. Se menciona la posibilidad de un juicio político, aunque su concreción es incierta, pero sirve para mantener la agenda pública y la preocupación ciudadana.
Se considera que la situación representa un "regalo formidable" para la comunicación política del gobierno, permitiéndole conectar con el enojo ciudadano y recordar posturas pasadas del kirchnerismo sobre el manejo del delito. La baja de la imputabilidad, un triunfo legislativo anterior, se reactiva como tema.