Se revela una interna dentro del gobierno bonaerense respecto a la gestión de la inseguridad, con dos tendencias marcadas: la de Alonso, vista como garantista, y la de Darío Ruíz, viceministro de Seguridad y hombre cercano a Sergio Berni, que representa la "mano dura".
Ruíz tendría el control efectivo de la Policía Bonaerense, una fuerza de 100.000 efectivos. Se evoca el conflicto salarial de la bonaerense con Alberto Fernández, que derivó en el recorte de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para poder pagar a los policías.
Surge la versión de que el levantamiento del motín policial se debió a la concesión de "zonas liberadas" para el narcotráfico, bajo la premisa de que "el delito no se termina, se administra". Esto sugiere una posible negociación y regulación del delito.