Se debate la posibilidad de un jury de enjuiciamiento contra la jueza Pascual, en medio de un contexto de alta tensión social por la inseguridad. Se menciona que el kirchnerismo, tradicionalmente más garantista, podría estar moderando su postura ante la presión de la opinión pública y las encuestas, que muestran un fuerte apoyo a medidas más duras.
Se señala que la jueza podría estar siendo utilizada políticamente por la oposición, mientras que el gobierno podría beneficiarse de la discusión sobre seguridad para mantener la agenda pública. La posibilidad de un jury político es incierta, dado el engorroso proceso que implica.
Se recuerda la reacción rápida y a menudo superficial del arco político ante crímenes graves, con la presentación de proyectos de ley que rara vez se concretan. La influencia de las redes sociales y la opinión pública parecen estar marcando un cambio cultural, incluso para aquellos que defienden posturas garantistas.