Se criticó duramente el accionar de la jueza Marta Pascual y su fallo en relación a la ley penal juvenil, calificándolo de "mamarracho" y "disparate jurídico".
Se argumentó que la jueza, al emitir un fallo "erga omnes" para toda la provincia, se extralimitó en sus funciones y favoreció a los delincuentes por sobre los ciudadanos. Se mencionó su participación en un acto con el ministro Javier Alonso y el gobernador Kicillof, sugiriendo un alineamiento político.
Se debatió sobre la ley penal juvenil, desmitificando la idea de que solo se trata de bajar la imputabilidad. Se señaló que la ley establece garantías y límites de sentencia, y que la jueza omitió consultar a las víctimas en un caso particular, contraviniendo la ley de víctimas.