Se cuestiona la actuación de la jueza, argumentando que no se la debe juzgar por sus sentencias sino por sus fallos. Se critica que la jueza prejuzga al presentar "dos versiones" de un caso o al opinar sobre penas, lo cual va en contra de la aplicación estricta de la ley.
Se plantea la posibilidad de que la jueza esté generando un conflicto de poderes al emitir un fallo provincial en contra de una ley votada por el Congreso. Se menciona la falta de recursos para ejecutar ciertas leyes y se compara la situación con la reacción legislativa ante crímenes graves, que a menudo resulta en proyectos de ley que no se concretan.
Se reflexiona sobre la intención de la jueza de comunicarse más allá de sus fallos y la importancia de que las opiniones no influyan en la aplicación de la ley en los expedientes. Se sugiere que la jueza podría estar influyendo en la percepción pública y en el debate político.