Se profundizó en la polémica desatada por el fallo de la jueza Marta Pascual, quien suspendió la aplicación de la ley penal juvenil en Lomas de Zamora. Se expuso que la jueza Guarino, en contraste, considera que la ley debe aplicarse y que las deficiencias en recursos o infraestructura no son motivo para su suspensión.
La mayoría de los fiscales generales de la provincia de Buenos Aires consideran que el fallo de la jueza Pascual es una "aberración jurídica". A pesar de esto, la jueza Guarino, si bien no utiliza los mismos términos, argumenta en su fallo que las tensiones entre la ley y las normas constitucionales no deben llevar a la invalidez total del régimen.
Se señaló que uno de los argumentos de la jueza Pascual para justificar su fallo es la falta de reglamentación de la ley por parte del gobierno nacional, lo que impediría la asignación de los fondos correspondientes. Sin embargo, se mencionó que en otras provincias como Santa Fe y Mendoza sí se están generando las condiciones para aplicar la ley.