Se discute la aplicación de la ley penal juvenil y sus implicaciones en la seguridad. Se señala que para delitos menores, la ley contempla medidas alternativas a la condena y un seguimiento personal por parte de supervisores, lo cual requiere un trabajo activo de jueces y fiscales que no siempre se realiza.
Se argumenta que la nueva ley no garantiza automáticamente mayor seguridad, pero sí establece un castigo más claro para menores que antes quedaban impunes. Se enfatiza la importancia de que los jueces evalúen cada caso concreto, especialmente si se trata de delitos graves, para evitar que los delincuentes queden en libertad y puedan reincidir.