Se debatió sobre la efectividad de la ley penal juvenil y la discrecionalidad de los jueces en la concesión de beneficios a los reclusos.
Se argumentó que reducir la discusión a la baja de la imputabilidad es un error, ya que la ley penal juvenil abarca aspectos más amplios. Sin embargo, se señaló que la ley, al otorgar discrecionalidad a los jueces, puede generar inseguridad jurídica.
Se hizo hincapié en la necesidad de modificar las leyes para reducir la discrecionalidad judicial y así brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Se mencionó que la justicia debe garantizar la seguridad jurídica y las reglas de convivencia, y que el Estado tiene la responsabilidad de cumplir esa función.