El ministro de seguridad bonaerense, Alonso, celebró la suspensión del nuevo régimen penal juvenil por parte de la jueza Pascual. La provincia argumenta que la nación no ha girado partidas presupuestarias para infraestructura, jueces y equipos interdisciplinarios, lo que imposibilita la aplicación del régimen.
Se sugiere una posible connivencia entre la jueza Pascual, el ministro Alonso y el intendente Cascallares, dado que todos tendrían vínculos con la Universidad de Lomas de Zamora. Se plantea la grave sospecha de que la jueza podría haber actuado bajo órdenes políticas para liberar jóvenes delincuentes, lo cual sería negado por la provincia con el argumento de que "son pocos casos".